Estados Unidos inicia deportaciones exprés

El Gobierno anunció que aplicará deportaciones rápidas a migrantes con hasta dos años de haber ingresado de forma irregular

El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que expandirá ampliamente la autoridad de los agentes de Inmigración para deportar a migrantes sin que se les permita comparecer primero ante un juez, su segundo gran cambio en materia migratoria en los últimos ocho días.

A partir de hoy las deportaciones aceleradas podrán ser aplicadas a cualquier persona que lleve menos de dos años en el país de manera ilegal.

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Previamente dichas repatriaciones se limitaban principalmente a las personas que eran arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.

Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, describió la extensión a escala nacional de la autoridad de "retiro expedito" como un nuevo intento del gobierno federal de atender la "crisis actual en la frontera sur" al poner a disposición camas en los centros de detención y reducir el retraso de más de 900,000 casos migratorios pendientes.

Las autoridades federales no cuentan con espacio para mantener detenidas a la "gran mayoría" de las personas arrestadas en la frontera con México.

Esto es lo que ha provocado la liberación de cientos de miles de personas a las que se les entrega un citatorio para asistir a un tribunal, comentó McAleenan en la directriz sobre la nueva política que será publicada en el Diario Oficial.

Dijo que los agentes de Seguridad Nacional que cuenten con esta nueva autoridad de deportación repatriarán a los inmigrantes que están ilegalmente en el país más rápido de lo que lo hacen las cortes migratorias del Departamento de Justicia, en donde los casos pueden tomar años en resolverse.

La agencia "prevé que el pleno uso de la autoridad legal de retiro expedito fortalecerá la seguridad nacional, reducirá el número de ingresos ilegales y garantizará la expulsión rápida de extranjeros detenidos en Estados Unidos", declaró McAleenan.

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Violación de derechos

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y el American Immigration Council señalaron que entablarán una demanda para bloquear la medida.

"Bajo este plan ilegal, los inmigrantes que han vivido aquí durante años serían deportados con un proceso debido menor que en un tribunal de infracciones de tránsito", dijo Omar Jawdat, director del Proyecto por los Derechos Migrantes de la ACLU.

Human Rights Watch advirtió que este plan puede resultar "en un daño grave para los migrantes y sus familias".

El "retiro expedito" les da a las agencias del orden una extensa autoridad para deportar personas sin permitirles comparecer ante un juez de Inmigración, con algunas excepciones, incluso si expresan temor de volver a su país de origen y aprueban una entrevista inicial para la solicitud de asilo.

El retiro expedito fue creado conforme a una ley de 1996, pero se mantuvo prácticamente en desuso hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional indicó que se ejercería en personas que fueron arrestadas menos de dos semanas después de cruzar hacia Estados Unidos por la vía terrestre o que fueron detenidos a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.

Las deportaciones aceleradas se han convertido en una parte importante del combate federal a la inmigración ilegal durante la última década.

Detractores de la medida aseguran que les otorga demasiado poder a los agentes migratorios y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Jennifer Minear, presidenta electa de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) denunció el anuncio.

"La deportación acelerada otorga a los agentes de Inmigración una autoridad casi total para detener, emitir juicios y expulsar a alguien de este país. Ahora el DHS busca aplicar ese poder en todo el país, sometiendo a miles de personas a la deportación sin una oportunidad significativa de recopilar pruebas, consultando con un abogado o compareciendo ante un juez", denunció Minear.

Alertó también que las personas no tendrían derecho de ir ante un tribunal.