Durante décadas, casarse con un ciudadano estadounidense garantizaba la residencia legal. El principal problema era demostrar que su matrimonio no era de conveniencia. Pero con Donald Trump en la Casa Blanca, muchos indocumentados que en su día fueron deportados se han encontrado con que ni siquiera de esta forma pueden permanecer en el país, incluso teniendo trabajo y familia aquí.
Aquellos que, atemorizados por la ofensiva contra la inmigración ilegal iniciada por Trump, deciden acudir al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) para regularizar su situación merced a que su cónyuge, padres o hijos mayores son estadounidenses, se encuentran cada vez con más frecuencia con una sorpresa desagradable que les cambia la vida.
Así le ocurrió a Fabiano de Oliveira, según reporta el diario The New York Times, de quien se toma esta historia.
Tras ocho años como pareja, y con un hijo de cinco años en común, el 9 de enero acudió junto a su mujer, Karah, ciudadana estadounidense, a las oficinas de USCIS en Lawrence (Massachussets). “Tengo buenas y malas noticias”, le respondió el oficial al cargo de su caso: “Las buenas es que voy a aprobar su aplicación, porque claramente su matrimonio es real. Las malas son que ICE está aquí y quieren hablar con ustedes”.
ICE, es decir, el Servicio de Inmigración de Control de Aduanas, esposó a Fabiano, que hace 13 años había recibido una orden de deportación a su país, Brasil. “Haré todo lo que pueda para sacarte”, se despidió su mujer de él.
Fabiano no tenía antecedentes criminales. Estuvo un mes detenido. Cuando su hijo preguntaba por él, Karah le decía que estaba trabajando fuera de la ciudad.
En los últimos años de mandato del ex presidente demócrata Barack Obama, la mayoría de indocumentados sin antecedentes no tenía que preocuparse por ICE, que estaba centrado en los recién llegados y en los criminales. Hasta 2013, aquellos que querían legalizar su situación mediante un matrimonio legítimo tenían que dejar el país y esperar a que la aplicación fuera aprobada (a veces podía tardar una década). Obama aprobó un permiso especial para que aquellos con una orden de deportación anterior pudieran pedirle al juez que se la anulase.