Se compra el voto desde 250 a mil pesos
Ciudad de México.– La compra de votos y el uso de programas sociales en estas elecciones se ha intensificado a pesar de que es una práctica ilegal. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza tiene al menos 128 reportes que van desde dinero en efectivo hasta la entrega de despensas y tarjetas.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por 66 organizaciones, alertó que México está en condiciones de “alto riesgo” para ejercer un voto libre en este proceso electoral debido al aumento en el presupuesto federal en los más de 6 mil programas sociales, algunos duplicados.
La iniciativa ciudadana ha recibido hasta el momento 128 reportes de compra de votos desde el 15 de abril cuando inició su plataforma de denuncias democraciasinpobreza.mx.
"El costo del voto depende del estado, explicó Serdán Roales. En Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco y Oaxaca les ofrecen a los ciudadanos hasta 500 pesos a cambio de su sufragio, en Quintana Roo 350; en Guanajuato 500, Jalisco mil pesos, en el Estado de México la compra va de 250 a 500 pesos.
El mapa de reportes de compra de votos de la organización muestra en color rojo a las entidades donde los ciudadanos han denunciado que les han ofrecido dinero en efectivo a cambio de su apoyo. En este sector se ubican las entidades de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.
El próximo 1 de julio, alrededor de 89 millones de mexicanos serán convocados a las urnas para elegir al Presidente de México para el periodo 2018-2024, además de gobernadores de nueve entidades y otros 3 mil 400 cargos de elección en todo el país.
Para hacer una denuncia de la compra de votos están instancias federales como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), un organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) o una agencia del Ministerio Público. En el caso de los reportes que llegan a la plataforma de Acción Ciudadana, Serdán explicó que son canalizados a la Fiscalía o al Instituto Nacional Electoral (INE).