Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
Los diputados locales de Morena dieron a conocer una serie de incoherencias en las cuales incurrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar la reforma a la Ley para la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado a través de la cual se creó la Junta de Gobierno el 8 de julio del 2023, asumiendo esta última las principales facultades de la Junta de Coordinación Política hasta la fecha vigente.
Fue el líder de la bancada Humberto Prieto Herrera quien advirtió que primero la SCJN dio más valor a lo establecido en una ley local por encima de lo marcado en la Constitución Política de Tamaulipas en el sentido de que basta el voto mayoritario de los integrantes del pleno del poder legislativo estatal para modificar precisamente una ley local.
Apuntó que la SCJN había invalidado en el pasado un ‘candado’ colocado por el PAN a través del cual pretendió impedir reformas a tal Ley Interna sin el sufragio a favor de -al menos- 24 de los 36 integrantes del mismo; sin embargo, la Suprema Corte exigió en este caso tal mayoría calificada a fin de realizar cambios a la misma.
“La Suprema Corte está modificando sus criterios a conveniencia; y lo esta haciendo bajo un claro objetivo: proteger ciertos intereses de grupos de poder, sin tomar en cuenta el bien común ni el respeto a la legalidad”, declaró.
Prieto Herrera manifestó que también la SCJN ‘revocó’ una reforma que había sido superada por otra del 14 de agosto del 2024 aprobada por el voto de dos terceras partes del pleno del Congreso del Estado, tal y como lo pedía el PAN, lo cual oportunamente se le notificó a la misma.
De tal manera que, con esto, los ministros de la Suprema Corte crearon una crisis de liderazgo, que Morena y sus aliados del PT y PVE decidieron resolver reactivando la Junta de Coordinación Política con sus facultades anteriores, ahora con el primer partido en la Presidencia de la misma, tal y como lo estuvo al frente de la hoy desaparecida Junta de Gobierno.
“Esta omisión (de la Suprema Corte) es una falta de atención, una muestra de descuido y desprecio del proceso democrático y la imparcialidad exigible en toda institución de justicia”, expresó.
“¿Qué clase de justicia tenemos?¿Qué clase de contradicción?”, remarcó.
Prieto apuntó que, precisamente este tipo de acciones en el poder judicial federal, motivaron la reforma del mismo y también de su contraparte estatal, que se concretará con la elección de magistrados y jueces en el 2025.
“Por eso reformamos el Poder Judicial, porque atendimos al pueblo que exigía esa reforma.
Pidió justicia y estamos aquí para exigirla”, externó.
