“Buscó Cabeza con desorden e ilícitos confrontar a SNTE con SET”
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El sexenio 2016-2022 de Francisco García Cabeza de Vaca heredó graves irregularidades y deudas millonarias,
además de incumplimiento de nombramientos y pagos a las y los maestros.
La secretaria de Educación del Estado, Lucía Aimé Castillo Pastor, dijo que ni siquiera hubo un Programa Estatal de Educación en ese periodo.
Advirtió que este desorden buscó generar tensión y confrontación entre los docentes y la actual gestión 2022-2028.
Pero, afortunadamente, el gobernador Américo Villarreal Anaya solicitó y recibió apoyo del gobierno federal, para resolver los problemas más urgentes; y también hizo ajustes a fin de solventar otros.
Además estableció una mesa de diálogo con la Sección 30 del SNTE a través de la cual se están atendiendo otros pendientes.
“La discrecionalidad en el pago de compensaciones fuera del tabulador autorizado, la asignación de licitaciones con sobreprecio, realizadas previo a su salida, además de la asignación de una gran cantidad de contratos en los últimos meses, provocaron que el presupuesto de la Secretaría alcanzara un déficit de 234 millones de pesos, poniendo en riesgo el pago de la primera parte del aguinaldo, obligando a solicitar recursos federales extraordinarios”, declaró.
Al comparecer ante el pleno del Congreso de Tamaulipas, Castillo Pastor indicó que se detectaron y se dio de baja a 27 personas, que cobraban sin acudir a trabajar.
Así mismo había otras 413 cobrando ilícitamente sin contrato ni timbrado fiscal.
Además se entregaron compensaciones arriba de los tabuladores autorizados y dobles y triples pagos.
“Es importante señalar que el gasto en el capítulo de servicios personales reflejó un incremento en los meses de enero a junio del 2022 que derivó que en tan sólo 8 meses se ejerciera el total del presupuesto de ese año”, expresó.
Castillo manifestó que la anterior administración estatal también concluyó sin solventar 8 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre los ejercicios del 2017 al 2020 sobre los rubros de pago de nóminas federalizadas, falta de documentación comprobatoria del programa ‘Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación’, así como aclaraciones del ‘Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas’ y de Participaciones Federales.
“El impacto es por mil 22 millones 961 mil 184 pesos con quince centavos”, remarcó.
La compareciente mencionó que, entre otras irregularidades, se detectó en octubre una omisión en el pago del incremento al tabulador del bienestar en el Incentivo de Promoción a la Función y en el Incentivo de Promoción Horizontal, afectando a mil 548 docentes.
“Con la intervención oportuna ante instancias federales, en diciembre logramos el pago del retroactivo por 1.99 millones de pesos”, aclaró.
En el mismo sentido, abundó, la administración anterior dejó de pagar la prima de antigüedad generada por baja por defunción, por lo que iniciando la actual gestionó y logró en tan sólo mes y medio el pago a 228 beneficiarias y beneficiarios por 30.9 millones de pesos.
“Derivado de los acontecimientos anteriormente señalados, se instrumentaron 5 actas administrativas, de las cuales se dio vista al Órgano de Control Interno. Asimismo, se iniciaron otros cinco procedimientos administrativos de irregularidades diversas”, expuso.
“Recibimos una situación compleja, un terreno minado en lo administrativo que buscó generar ingobernabilidad en el sistema y tensión con las y los docentes, un sector abandonado en su función pedagógica por actores que antepusieron sus intereses de grupo y partidistas al interés superior de la niñez, lo que no debe quedar impune”, externó.