Aterrizan Reforma Judicial en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó una iniciativa de modificación de la Constitución Política de Tamaulipas, a fin de aterrizar la Reforma Judicial federal en esta entidad.

El pleno del Congreso del Estado aprobó la admisión de este documento para trámite legislativo, por lo que fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Justicia, en donde se analizará y discutirá antes de elaborar el dictamen, que se presentará al pleno para su aprobación ó rechazo definitivo.

Entre otras cosas, se establece que se elegirá por voto popular a todos los magistrados y jueces locales el domingo 1 de junio del 2025.

Es decir, se empatarán estas votaciones con las de los magistrados y jueces federales.

En el caso de Tamaulipas, se elegiría a las y los magistrados del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, la Magistratura Supernumeraria; y las magistraturas regionales.

Así como las y los jueces de Primera Instancia y Menores.

En todos los casos, se procurará la paridad de género.

También se estipula que el Instituto Electoral de Tamaulipas efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer.

Después declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el cual deberá resolver las impugnaciones a más tardar el 1 de agosto de 2025.

Los juristas electos tomarán protesta de su encargo ante el Congreso de Tamaulipas el miércoles 1 de octubre de 2025.

El Organo de Administración Judicial deberá estar instalado a más tardar el 1 de octubre de 2025 y adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de octubre de 2025.

La iniciativa del ejecutivo federal plantea que, para ser magistrado o magistrada, se requiere tener ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el país durante el año anterior a la emisión de la convocatoria, así como contar en el día de la publicación de la convocatoria, título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

Así como no haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria, los cargos de Gobernador, Secretario o su equivalente, Fiscal General de Justicia o Diputado local.

Igualmente no podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, o del Pleno del Órgano de Administración Judicial, dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo.

Además ninguno de los nuevos juristas no podrán ser abogado de terceros, apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador, ni desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, ya sea público o privado, por el que reciba remuneración alguna, salvo los casos de docencia, investigación, literatura o beneficencia.

Mientras que, para ser electo como jueza o juez, se requiere: tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; y contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado;

Así como gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad; y haber residido en el país y en el Estado durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria.

Además de no haber sido persona titular de una Secretaría de Estado, Fiscalía del Estado, diputación local previo al día de la publicación de la convocatoria.