Violenta Gattás a funcionaria embarazada
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
No contento con negarse a pagar el salario devengado desde el pasado mes de diciembre a la directora general del DIF Victoria, Patricia Alejandra Reyes González, el alcalde Eduardo Gattás Báez también ejerce violencia laboral en contra de la secretaria municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, Cristina Mayela Lavín Sada.
Por tal razón, esta última alta funcionaria del Ayuntamiento local solicitó la protección del Cabildo de Victoria, para frenar el hostigamiento laboral ejercido por dicho munícipe en alianza con el secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva, el oficial mayor Alberto López Loya; y la contralora municipal Lizbeth Nacira Alonso, ya que está generando complicaciones en su actual embarazo, por lo que lo están poniendo en riesgo.
Hay que señalar que Reséndez Silva estaría agravando la violencia en contra de Lavín Sada ya que, al dar a conocer la demanda en la pasada sesión de cabildo en la etapa de lectura de correspondencia, turnó el escrito a Nacira Alonso, siendo que esta última está involucrada en los hechos y por lo tanto no puede ser juez y parte.
En su denuncia, la Secretaria Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que el acoso laboral inició al día siguiente de que recibió este cargo por parte de la mayoría del Cabildo de Victoria, ya que Gattás Báez comenzó a convocarla a reuniones de gabinete con 10 minutos o menos de anticipación, cuando sabe que, por su condición de embarazada, no puede trasladarse rápidamente de su oficina ubicada fuera de la Presidencia Municipal hasta la sala de juntas de esta última.
Además que el munícipe no le informa los temas a tratar en esas reuniones, por lo que eso impide que vaya debidamente preparada; y aparte no se le han proporcionado la información y las herramientas básicas para cumplir su trabajo.
La denunciante acusó a Reséndez Silva de discriminación ya que, aprovechando que Gattás Báez está obstaculizando su labor, le ha dicho a los regidores Melissa Jaytzel Míreles Escobedo, Alfredo Vanzzini Aguiñaga y Nora Mariela Garcia Rodríguez, que ella no tiene capacidad para ejercer su actual cargo, por lo que está dándole un trato desigual por su condición de mujer, de edad y sobre todo de embarazada.
Mientras que López Loya pretende sospechosamente, que firme un contrato de arrendamiento sin enviarlo por la comunicación oficial, además de no adjuntar los descritos en este como anexos sino solamente sus portadas.
Por su parte, Nacira Alonso no ha procurado que le brinden chequeo médico o algún seguimiento a su salud, aún y cuando ha sufrido complicaciones en su embarazo, como obligación patronal y humana en este gobierno humanista.
Por tal razón exigió medidas de protección a su salud y a la de su bebé conforme a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.