Blindan candidaturas contra violentadores de mujeres
Los antecedentes judiciales de las y los próximos candidatos a diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, tanto titulares, como suplentes, van a ser revisados para impedir que violentadores de mujeres sean postulados por partidos políticos o por la vía independiente a dichos cargos de elección popular.
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Guadalupe Ramos Charré, dijo que se hará valer la reforma realizada en mayo del 2023 por el Congreso de la Unión a los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público.
“Esta reforma suspende los derechos o prerrogativas a quienes tengan una sentencia firme con sanción vigente por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus labores modalidades y tipos; y por ser declaradas como personas deudoras alimentarias morosas”, declaró.
El funcionario recordó que, del 15 al 20 de marzo, el Ietam recibirá las solicitudes de registro de los candidatos de partidos o independientes a cargos de elección popular en esta entidad.
De tal manera que se estableció un convenio con el Poder Judicial del Estado, para que este último revise en sus archivos los antecedentes penales y civiles de cada uno de los abanderados para, en su caso, reportar a aquellos que tengan sentencia firme de algún tipo de violencia ejercido contra una o más mujeres.
Remarcó que la ciudadanía tamaulipeca debe estar segura que ninguna persona agresora sexual, deudora alimentaria morosa o sentenciada por violencia de género, puedan postularse para cargos de elección popular en Tamaulipas o desempeñarse como servidoras o servidores públicos.
“No sólo se combate la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sino también se atiende el cumplimiento de los principios éticos en el servicio público y se fortalecen los estándares en la responsabilidad pública e institucional”, expresó.
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