Sábado, 25 de febrero de 2017

Al borde del colapso

Durante la fase de implementación, una de las bondades con que más se nos “vendió” a los ciudadanos el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, fue la presunta agilidad con que se resolverían los procesos.

Se nos dijo que sería cuestión de semanas, y si acaso de algunos meses, para que tanto la víctima de un delito como quien lo cometió recibieran justicia.

Ya no sucedería lo que durante décadas ocurrió con el modelo tradicional de enjuiciamiento penal, en el que un proceso podría tardarse años para resolverse.

Eso nos dijeron. Pero en la práctica la realidad no está siendo coincidente con la que se nos prometió. La brecha entre lo prometido y lo real es enorme.

Algo está fallando porque,  luego del trece de junio pasado en que se implementó el modelo de justicia oral para todo el Estado y para todos los delitos, son muchas las carpetas de investigación que se han iniciado pero muy pocas las que se están judicializando.

Dicho de otro modo, son bastantes los delitos que se están denunciando pero escasos los delincuentes castigados.

La consecuencia entonces es que el modelo acusatorio está cayendo en los mismos vicios del sistema tradicional.

El asunto luce preocupante y merece atención urgente.
Es así porque se generaron grandes expectativas para la sociedad, pero también porque se han hecho inversiones enormes para crear la infraestructura y contratar y capacitar los operadores requeridos.

De esa forma, si no se hace algo al respecto se habrá tirado al cesto de la basura toda la inversión, pero además se generará una enorme decepción social.

Rolando Barraza Pérez, presidente del Círculo Académico de Juristas de Ciudad Victoria, hace una advertencia: “si los Gobiernos, el federal y estatal, no hacen algo rápido, el sistema acusatorio va a colapsar”.

En lo personal coincido con el jurista . Y la solución parece estar en dos frentes.

Por un lado, debe colocarse en la lista de prioridades para el Gobierno la inyección de recursos presupuestales suficientes, destinados sobre todo a la formación de un mayor número de operadores jurídicos.

Es urgente dotar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de suficientes agentes del Ministerio Público, de policías, de peritos e incluso de oficinistas.

A su vez, al Poder Judicial debe incrementársele su plantilla de operadores jurídicos para que haya fluidez y rapidez en el desahogo de los procesos.

Por otra parte, es urgente también concretar el servicio profesional de carrera en el sistema de justicia para evitar que quienes lo operan estén sujetos a los vaivenes del poder político.

Para aspirar a tener un aparato de justicia operado por expertos debemos generar las condiciones para garantizar la permanencia de quienes se esfuerzan por capacitarse. Es la única forma de lograr esa aspiración o reclamo social de contar con un sistema de justicia confiable y eficiente.

Ojalá y que quienes deban entenderlo lo entiendan pronto.

EL RESTO

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hernán de la Garza Tamez, rendirá mañana jueves su informe anual de labores.

El joven Magistrado ha sabido dar continuidad a la transformación y el fortalecimiento del Poder Judicial que iniciaron sus antecesores, Alejandro Etienne Llano y Armando Villanueva Mendoza.

Hoy el Poder Judicial sigue siendo referente nacional.

ASÍ ANDAN LAS COSAS

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