EL 5INCO / 04-02-12 / 6:03 am
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La PGR indaga a Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, que gobernaron Tamaulipas entre 1993 y 2010, por acusaciones de expropiar inmuebles y venderlos a sus presuntos prestanombres, que habrían construido fraccionamientos de alta plusvalía, reportó ayer el periódico El Norte-Reforma.
Las imputaciones contra los priistas, que constan en informes ministeriales, derivan de denuncias anónimas de afectados y de un testigo protegido.
De acuerdo con datos de la dependencia, Hernández, que gobernó del 2005 al 2010, compareció hace dos años en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, que la Procuraduría tiene abierta para indagar delincuencia organizada, delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito.
La información recabada apunta que uno de los personajes claves en la investigación es el empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, señalado de ser el supuesto prestanombres de Cavazos y Hernández a través de negocios inmobiliarios.
De apenas 35 años, Fatemi aparece como propietario de las constructoras Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon, que en la pasada década tuvieron un boom en el sector a nivel estatal.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y al Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas todos los detalles de las operaciones inmobiliarias de este empresario, así como sus declaraciones fiscales e información bancaria.
En el 2002 -cuando gobernaba Yarrington- Fatemi y la empresa descentralizada Desarrollo Urbano Portuario de Altamira (Duport) compraron, a 15 pesos el metro cuadrado, más de 250 hectáreas para un desarrollo habitacional y comercial en esa zona.
Al año siguiente, el mismo Fatemi y Duport adquirieron 8 de 20 hectáreas del proyecto de desarrollo turístico en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se construyen condominios de alta plusvalía a la orilla del mar, según los medios locales.
Otro de los empresarios sujetos a investigación es Fernando Cano Martínez, a su vez señalado de ser supuesto prestanombres de Hernández y Yarrington en la compra de 78 hectáreas en Altamira, con la empresa Duport.
Los testigos mencionan que otro implicado es un cuñado de Hernández identificado como Óscar Gómez Guerra, de quien también se han pedido informes a distintas autoridades.
Las primeras denuncias contra los ex Gobernadores fueron anónimas, por escrito o telefónicas, y se comenzaron a recibir en la PGR a fines del 2008 y principios del 2009, pero no ameritaron la apertura de una averiguación previa, sino actas circunstanciadas.
Fueron tres las actas que después el Ministerio Público acumuló en una sola averiguación en aquel año.
Posteriormente se abrieron otras dos indagatorias, por lo que existen por lo menos tres expedientes en curso.
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